El juez encargado del accidente de Barajas valora acusar de un delito contra el honor a las personas que en plena tragedia obtuvieron imágenes del siniestro.
En el momento de los hechos, la guardia civil se hizo con 18 aparatos (la mayoría móviles), cuyos propietarios hicieron servir, a pesar de la prohibición dictaminada por el magistrado Juan Javier Pérez, presente en el lugar de los hechos.
El juez, titular del juzgado nº 11 de Madrid al llegar a la zona siniestrada, ordenó la prohibición de sacar imágenes salvo a la policía científica, por lo que fueron intervenidas aquellas personas que osaron inmortalizar la escena.
Ni tan sólo el jefe de bomberos que solicitó autorización de sacar fotos para la investigación posterior, obtuvo el beneplácito para ello.
Entre las personas que acudieron al lugar se encontraban miembros de emergencias, sanitarios, policías y voluntarios.
Los servicios de emergencia ya advirtieron en su momento que les sería difícil controlar a sus empleados dado el elevado número de efectivos que acudieron al lugar de los hechos, pero declararon ayer que de pertenecer el material incautado a alguno de ellos, no dudarán en abrirles expedientes con graves consecuencias e incluso despedirlos.
Los medios de comunicación, desde que ocurriese el accidente, no han cesado de buscar y adquirir vídeos y fotografías del siniestro, aún siendo ilegales. Buscan ilustrar sus noticias, y muchas son las personas responsables del material, quienes se han puesto en contacto con ellos para "negociar" el precio de publicación. |
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